La Paz, Bolivia.- El mensaje al país del presidente Evo Morales resultó el acontecimiento más descollante de una convulsa semana en Bolivia, donde este domingo se celebrará un referendo revocatorio de mandato popular.

En su alocución con motivo del aniversario 183 de la independencia nacional (6 de agosto), el mandatario destacó los avances del programa de transformaciones impulsado por su gobierno desde enero de 2006.

Morales explicó que en dos años y medio de gestión, mediante la nacionalización de recursos como el petróleo y el gas natural, y la industrialización, Bolivia dejó de ser un Estado mendigo.

Asimismo, destacó que gracias a la revolución democrática y cultural, en 2008 esta nación andina podrá declararse territorio libre de analfabetismo, un programa que avanza con la ayuda de Cuba y Venezuela.

Respecto a la economía, Morales aseguró que actualmente el país es confiable, al presentar notables progresos en varios indicadores, como el incremento de las reservas internacionales a siete mil 500 millones de dólares.

En otro momento de su discurso, el estadista abogó por la unidad nacional de cara al sondeo revocatorio, en el que poco más de cuatro millones de votantes decidirán si las actuales autoridades se mantienen en sus funciones.

Por su parte, la Corte Nacional Electoral indicó que todas las condiciones se encuentran listas para la realización de los comicios que definirán la continuidad del presidente y el vicetitular de la República, y de ocho prefectos departamentales.

Los días previos a esa consulta se han visto matizados por un ambiente de tensión y constantes denuncias del Ejecutivo sobre las intenciones desestabilizadoras de grupos opositores.

Esas actitudes obligaron al gobernante a suspender su viaje a Sucre, donde rendiría un informe de su labor ante el Parlamento como tradicionalmente hacen todos los presidentes bolivianos en la referida fecha patria.

De igual manera, prosiguieron las protestas de varios sectores sociales relacionadas fundamentalmente con la aprobación de una nueva ley de pensiones, que el Gobierno considera inviable y excluyente. (PL)