La Paz.- Numerosas voces alertan sobre la violencia que podría provocar el paro cívico convocado para hoy por los prefectos opositores de los departamentos bolivianos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca.

La delegada del Gobierno en el oriental territorio de Santa Cruz, Gabriela Montaño, consideró esa medida de presión como otro hecho de barbarie que intenta romper el respeto a la constitucionalidad.

La representante gubernamental cuestionó la sinceridad del llamamiento hecho por el dirigente cívico cruceño Branko Marinkovic para que las personas permanezcan en sus casas y evitar los enfrentamientos.

De acuerdo con Montaño, grupos al servicio de la prefectura y el Comité Cívico, como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) -protagonista de actos violentos-, obligarán a muchas personas a sumarse a la huelga en contra de su voluntad.

Ante esa posibilidad, partidarios del gobernante Movimiento al Socialismo se concentrarán en la barriada popular del Plan Tres Mil para defender su derecho de no adherirse a esa acción.

Asimismo, sectores populares de esa región aseguraron que no acatarán esa disposición, pues la califican de injustificada y con una naturaleza eminentemente política.

La víspera, el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, denunció la toma de la sede de la Aduana en el sureño departamento de Tarija por la UJC, actitud que calificó como una muestra de la escalada de violencia promovida por esos dirigentes regionales.

El jefe de esa carpeta, Alfredo Rada, advirtió que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar confrontaciones durante la jornada, y no descartó un reforzamiento de la seguridad en esos cinco territorios.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reiteró al quinteto de prefectos la convocatoria al diálogo cursada por el Ejecutivo, con el fin de debatir sus demandas económicas y políticas.

El argumento esgrimido para esa huelga –que podría generar notables pérdidas económicas- es la devolución del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), cuyos recursos el Estado destina a proyectos sociales en beneficio de todo el país. (PL)