La adhesión a la Alternativa Boliviariana de las Américas (ALBA) de Honduras, una de las más pobres de Centroamérica, puede contribuir de una forma práctica y eficiente a mejorar la calidad de vida de sus 7,5 millones de habitantes, de los cuales el 62% vive en condiciones de pobreza y el 42% es indigente.

El anuncio de la incorporación de Honduras al ente integracionista creado en el 2004 a iniciativa del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lo hizo el mandatario hondureño, Manuel Zelaya, al concluir la reunión de Ministros de Agricultura de PETROCARIBE, celebrada el pasado miércoles en Tegucigalpa.

Con el ALBA se abren nuevas oportunidades para el país y para los pobres de la región, expresó el mandatario, al dirigirse a los titulares de agricultura de la entidad petrolera, quienes acordaron la puesta en marcha de un programa para llevar adelante planes para alejar la crisis alimentaria que se avecina. El fondo primero, de 450 millones de dólares,  procede de una iniciativa de Chavez de donar 0.50 centavos de dólar de cada barril que Venezuela venda por encima de los 100 dólares.

PETROCARIBE, con 18 miembros asociados, es un mecanismo idealizado por Chávez para facilitar la adquisición de combustibles a las naciones mas pobres de la región.

El ALBA, la matriz inicial de estos proyectos integracionistas, fue fundado por Cuba y Venezuela, y después se incorporaron Bolivia, Nicaragua, Dominica y ahora Honduras. Otras naciones acuden como observadoras a las cumbres de este organismo cuyo funcionamiento se basa en la cooperación y la solidaridad, dada las asimetrías económicas de sus miembros, alejado por completo de la economía de mercado y el neoliberalismo.

Para Honduras, la entrada a la alianza deviene  paso importante para aliviar la situación de miseria e indigencia de su población, muy grave en las zonas rurales y en la población indígena, cuyas tasas de pobreza se ubican en 74 y 71%, respectivamente, según análisis del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para que se haga firme la adhesión de Tegucigalpa al ALBA es necesaria la aprobación del Congreso Nacional, en el que pueden presentarse discusiones en contra de la sociedad.

Sin embargo, la situación en esa nación centroamericana es tan agobiante, que la mayoría de los analistas coinciden en que la decisión de Zelaya se debe a que existe una comprensión a nivel gubernamental de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscripto con Estados Unidos solo traerá mayores dificultades a la economía nacional.

No es para menos. El gobierno hondureño tiene grandes retos por delante, no sólo en el orden económico, sino también en el social.

En Tegucigalpa, la capital, por ejemplo, hay mas de 33 mil hogares que se encuentran en extrema pobreza, la cual afecta a 189 mil 929 personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Unos 815 mil 444 familias están identificadas por ese organismo en la línea de pobreza.

Otra grave situación se presenta en la educación. Voceros oficiales de esa rama indican que la cobertura neta en educación superior en el 2007 fue de 39%, muy inferior al promedio del resto de América Latina y El Caribe, de un 68%. En ese ámbito, existen altos índices de deserción escolar pues los niños se ven obligados a trabajar para colaborar con el sustento familiar.

Sólo el 37% de los adolescentes que debían estudiar el tercer año de educación secundaria está matriculado, y en el primer año de bachillerato solo hay un 19% de la cifra que debía estar en ese nivel en las aulas.

Otro problema es la salud pública. Más del 27,4% de las niñas y niños hondureños se encuentran en estado de desnutrición crónica.

La economía hondureña se sustenta en buena medida por las remesas que envían del exterior las miles de personas obligadas a emigrar por la situación económica de esa pequeña nación.