La Paz.- El diálogo entre el gobierno boliviano y los cinco prefectos opositores atraviesa por un momento de incertidumbre ante el obstáculo que constituye el paro cívico convocado por estos últimos para mañana.

Luego de la buena noticia de que los dirigentes departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca estaban dispuestos a iniciar una negociación con el Ejecutivo, pocos días después esa opción parece desvanecerse.

Si el pasado miércoles el quinteto –agrupado en el Consejo Nacional Democrático (CONALDE)- adoptó esa decisión inesperadamente, apenas un día después otro giro intempestivo le llevó a convocar al paro.

El argumento esgrimido es la reinstauración del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), cuyos recursos el Estado destina a proyectos sociales como la Renta Dignidad (para mayores de 60 años) y el Bono Juancito Pinto (para estudiantes de primaria).

Sin embargo, esas cinco autoridades pretenden emplear el IDH en beneficio exclusivo de sus respectivas regiones, a pesar de que esos programas favorecen a adultos mayores y niños de todo el país.

Además, en reiteradas ocasiones el gobierno nacional ha demostrado con datos que dicho tributo no ocasiona afectaciones considerables a las prefecturas, las cuales, por el contrario, aumentaron sus ingresos por esa esfera en los dos últimos años.

El otro tema de controversia con el poder central es el de las autonomías, pues la actual administración respeta ese estatus, pero los líderes de la denominada Media Luna (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija) quieren alcanzarlo ilegalmente.

El presidente Evo Morales y miembros de su gabinete reiteran la intención de responder a esa demanda, siempre y cuando sea con apego irrestricto a la ley y los estatutos autonómicos respeten la nueva Constitución.

Aunque las negociaciones pacientes y profundas se erigen como la única vía capaz de acercar las posiciones, el CONALDE mantiene la convocatoria para la referida huelga, que estará precedida por un convulso ambiente en la ciudad de Santa Cruz.

Las protestas de personas discapacitadas en reclamo por una ayuda económica finalizaron el pasado viernes en enconados enfrentamientos contra la Policía, que impidió la toma de instituciones estatales y del comando departamental de la institución del orden.

El Gobierno denunció la manipulación política presente detrás de esas manifestaciones y el papel desempeñado en las mismas por grupos afines a la prefectura y el Comité Cívico cruceños.

Para aprobar la ley que respalda el llamado Fondo Solidario y solucionar la demanda de los discapacitados, el vicepresidente de la República y líder del Congreso, Álvaro García, citó al Parlamento para este martes.

Ante la inminente posibilidad de disturbios violentos en el paro, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que se tomarán todas las previsiones necesarias para evitar incidentes desagradables.

Vamos a precautelar las instituciones públicas porque tenemos informaciones de que grupos extremistas las quieren tomar, aseguró en declaraciones a la estatal Radio Patria Nueva.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, instó a los cinco prefectos a abandonar actitudes violentas y sumarse a las conversaciones con el Gobierno, en busca de un pacto de unidad nacional.

Igualmente, varios sectores sociales repudiaron esa medida y expresaron su determinación de no acatarla.

De esa forma, todo indica que el camino de concertación marcado por el referendo revocatorio del 10 de agosto, deberá esperar algún tiempo antes de ser tomado por los diferentes actores políticos. (PL)